El fideicomiso y la protección a la legitima hereditaria

ANTECEDENTES. Hechos I:

Una persona adquirió por contrato celebrado en instrumento privado, el carácter de fiduciante respecto de un contrato de fideicomiso cuyo destino es la construcción de un edificio, su posterior afectación al régimen de Propiedad Horizontal, y la transmisión de una unidad funcional a su favor.Esta persona ha fallecido, y habiéndose tramitado su sucesión, los sucesores cuentan actualmente con la correspondiente declaratoria de herederos que los individualiza como herederos.

 

Consulta I:

Con respecto a la circunstancia detallada en los hechos, el escribano consulta si hace falta “denunciar” en el expediente sucesorio, la existencia de este derecho personal de titularidad del causante, y obtener un auto judicial que le indique al fiduciario que debe proceder a la escrituración de la unidad a favor de aquellos, o si es suficiente con la exhibición de la declaratoria de herederos para tener por acreditado el carácter de tales, y por ende que se proceda a la escrituración del inmueble a favor de estos.

 

DESARROLLO CONSULTA I:

Ante la consulta de si es necesario presentar el contrato de fideicomiso en el sucesorio, creemos conveniente centrar el análisis en la regulación legal que nuestro derecho indica sobre el tratamiento de los bienes integrantes de la masa hereditaria, en el proceso sucesorio.

Al ocurrir la muerte del causante, en caso de pluralidad de herederos se da inicio al “estado de comunidad hereditaria”, dicha comunidad, está integrada por los coherederos y se prolonga hasta la partición. Cada heredero, durante tal indivisión, tiene una porción ideal que se materializa con el acto particionario, que pone fin al estado de indivisión entre los copartícipes.

Se ha sostenido “que el estado de indivisión ha sido legislado escasamente en el Código Civil, generando, de esta manera, inconvenientes de distinta índole en la práctica judicial. Ello en virtud de la particular situación en que se encuentran los coherederos en esta etapa, en donde si bien son propietarios, acreedores y deudores (conf. art. 3417 C.C.) de los bienes que reciben del causante desde el momento mismo de la muerte del de cujus, las vicisitudes que se producen hasta la partición de los bienes que individualmente le son atribuidos —con su consecuente efecto retroactivo—, lleva a que durante el estado de indivisión la masa hereditaria constituya una categoría especial. Súmese a ello que la sucesión, como tal, no es una persona jurídica. En consecuencia, varias son las circunstancias que motivan dificultades en el régimen vigente durante la etapa que se prolonga hasta la partición.”[1]

El artículo 3469 exige que el partidor reúna en la masa los créditos de la sucesión: “El partidor debe formar la masa de los bienes hereditarios, reuniendo las cosas existentes, los créditos, tanto de extraños como de los mismos herederos, a favor de la sucesión, y lo que cada uno de éstos deba colacionar a la herencia.”

Entonces tienen capacidad los herederos para escriturar a su nombre un inmueble debido al causante durante el estado de comunidad hereditaria?

El artículo 3.410 del Código Civil, indica que si la sucesión tiene lugar entre ascendientes, descendiente y cónyuge, el heredero entra en posesión de la herencia desde el día de la muerte del autor de la sucesión, sin ninguna formalidad o intervención de los jueces, aunque ignorase la apertura de la sucesión y su llamamiento a la herencia. Es decir que conforme a dicho artículo, el heredero de esas características, podrá sin intervención del órgano jurisdiccional, subsumirse en la posición contractual del causante y percibir los créditos debidos sin formalidad o impedimento alguno. En cambio si se tratara de otro tipo de herederos, y conforme el artículo 3.412 se deberá requerir previamente, que se pida judicialmente la posesión de la herencia.

Conforme lo desarrollado, podemos concluir que los herederos que ostenten la posesión de la herencia (ya sea de pleno derecho o por haberla obtenido judicialmente según el caso) pueden percibir para sí, los créditos debidos al causante. Sin embargo esta facultad se encuentra limitada por diversos artículos del Codigo Civil, que como veremos protegen la masa hereditaria, a efectos de que no se realicen actos que violen los derechos de un acreedor del sucesorio u otro heredero declarado o a declararse.

 

Protección de los fondos del sucesorio

En el derecho de fondo, se contemplan normas tendientes a la preservación del acervo hereditario, de tal manera que cualquier interesado pueda requerir las medidas de protección de los bienes o valores existentes en la masa. Todo ello, en virtud de que hasta la partición no se le adjudicará los bienes que le corresponden, manteniendo hasta ese momento una porción ideal cada uno de los herederos.

Conforme ello, en un reciente fallo[2], el juez de la sucesión adoptó las medidas de seguridad de los bienes expresamente contemplados en el art. 690 del CPCCN y las que resulten conducentes al cumplimiento de uno de los objetivos del proceso, cual es la determinación y conservación de los bienes integrantes del patrimonio relicto.

Explica el fallo que este tipo de medidas, a diferencia de las medidas cautelares previstas por los arts. 195 y siguientes del Cód. Procesal, para su admisibilidad, no están sujetas a los requisitos de que exista una verosimilitud en el derecho del peticionante (sin perjuicio de que la pueda haber), peligro en la demora y contracautela, puesto que éstas son medidas conservativas que “prima facie” difícilmente lleguen a causar un daño, salvo que la índole de la medida haga pensar en la existencia de un perjuicio, en cuyo caso habrá de exigir una garantía proporcional al riesgo.

El fundamento de este tipo de “medidas asegurativas” radica en la preservación del patrimonio del causante y de los derechos de los herederos, que se pueden encontrar en peligro por muy diversas razones, entre las que se encuentran el peligro material producido por el tiempo o por la naturaleza, como también el riesgo jurídico por la acción de terceros o de los mismos herederos que busquen ocultar bienes hereditarios o consumirlos.[3]

Conforme al Art. 3475 C.C. y a los fines de proteger los fondos existentes: “Los acreedores de la herencia, reconocidos como tales, pueden exigir que no se entreguen a los herederos sus porciones hereditarias, ni a los legatarios sus legados, hasta no quedar ellos pagados sus créditos.”

Dichas medidas tienen el objetivo de preservar los bienes del sucesorio en garantía de los coherederos y de sus porciones respectivas, encontrando fundamento en distintas disposiciones legales.

Tal como indica Nestor Solari, en su comentario a dicho fallo, “Tanto las normas de fondo —art. 3475 C.C.— como disposiciones de forma —art. 690 CPCCN—, avalan la medida seguida por el fallo, a los fines de la protección de los fondos existentes en el sucesorio, de manera que quienes tengan en la sucesión algún derecho declarado por las leyes no se vea afectado, antes de la partición”.

Todo ello, en el entendimiento de que recién con la partición se materializan los derechos de los coherederos, pues durante el estado de indivisión —más allá de las normas que efectivizan recibir y disponer de fondos— debe respetarse y preservarse la masa hereditaria cuando alguno de ellos alegue la probable afectación de un derecho declarado por las leyes. [4]

 

CONCLUSIÓN CONSULTA I

En virtud de lo desarrollado, y ante la consulta del escribano P, podemos concluir en principio que no existe un requisito legal que impida a los herederos recibir y disponer, de los bienes del sucesorio. El heredero entra en posesión de la herencia desde el día de la muerte del autor de la sucesión, sin ninguna formalidad previa conforme el artículo 3410 del código Civil.

Si al causante del sucesorio se le debía la transmisión de un inmueble, pueden concurrir a la escritura legítimamente en su lugar los herederos, sin más trámite ni intervención judicial alguna. Por lo que no es legalmente necesario, presentar el contrato de fideicomiso en el sucesorio.

No obstante tal afirmación, consideramos que el artículo 3410 debe interpretarse en forma regular y en sintonía con aquellos artículos que defienden los derechos de los co-herederos y terceros, que pueden verse afectados por el obrar abusivo de tal disposición legal. Por tal circunstancia, y a la hora de trasmitir bienes a herederos que los exijan, debe procederse con cierta cautela. Tal recomendación surge de la protección legal que los códigos de fondo y de forma otorgan a la conservación de los bienes integrantes de la masa hereditaria, por lo que es aconsejable y según lo amerite el caso, analizar si en el expediente existe inventario, y si no se ha dictado ninguna medida cautelar que impida a los herederos disponer o recibir bienes.

Este análisis del sucesorio, le permitirá tanto al escribano interviniente como a los obligados a trasmitir el inmueble, considerar razonablemente si no existe un perjuicio a acreedores y/o herederos y evitar así, posteriores reclamos o imputaciones de responsabilidad.

CONSULTA II

DOCTRINA CONSULTA II:

- “No es objetable la existencia de una cesión firmada por el comprador originario y su cesionario, mas aún si ha quedado concluido el contrato definitivo a través del otorgamiento de la posterior escritura traslativa de dominio, en donde el vendedor ha reconocido al nuevo titular, como cesionario de los derechos emergentes de dicho instrumento inicial, cumpliendo así con los presupuestos de legitimidad”

“La falta de certificación de firmas en el contrato de cesión, no hace presuponer por si misma, una razón jurídica suficiente para objetar la transacción ya concluida entre las partes. El conflicto por la posible falsedad de firmas, ante un eventual reclamo del comprador originario, quedará en la órbita contractual del cedente y cesionario y eventualmente del vendedor si este ha sido de mala fé. Pero tales supuestos no pueden en ningún modo objetar la validez del título.”                        

 

HECHOS II:

Al realizar el estudio de títulos, se advierte que en la escritura antecedente se encuentra relacionado que el titular registral había originariamente vendido por boleto de compraventa el inmueble a favor de una persona.

Con posterioridad esta persona aparentemente cede sus derechos a un tercero, estando agregada dicha cesión a la escritura, pero sin certificación alguna de las firmas, ni intervención del deudor cedido que la tenga por realizada.

Por último, el titular registral escritura a favor de ese tercero (cesionario) el inmueble de marras.

CONSULTA II

El escribano conforme a los hechos descriptos, consulta si podría verse afectado el comprador del inmueble que contrate con ese tercero, si el cedente del boleto se presentara con posterioridad a reclamar sus derechos respecto del inmueble, alegando, por ejemplo que él nunca cedió sus derechos ya que la firma que consta en la cesión no es suya.

DESARROLLO CONSULTA II:

Cesión de boleto de compraventa:

Tema a resolver:

A efectos de poder brindar nuestra opinión sobre la legitimidad de la cesión de boleto realizada antes de otorgar la escritura traslativa de dominio, creemos necesario analizar el tipo de contrato, la naturaleza jurídica, y la forma jurídica impuesta por ley. A partir del análisis de la referida cesión, podremos determinar si este contrato intermedio, tuvo los efectos propios tendientes a lograr la legitimidad del cesionario al momento de otorgar la escritura traslativa de dominio.

 

Concepto y Naturaleza jurídica del contrato de cesión de derechos:

La invocación de la denominada “cesión de boleto”, por parte del cesionario, requiere cumplir con la función del contrato de ser fuente de obligaciones; esto es, de crear vínculos obligacionales entrelazados por la voluntad de las partes, de modo de crear un plexo de deberes idóneos para alcanzar los fines consensuados por las partes, importando así en el contrato originario, la sustitución de uno de los contratantes por un tercero, que se coloca en la misma situación jurídica del transmitente[5]. Así se lo ha definido de la siguiente manera: “La cesión del contrato consiste en la transmisión de la posición contractual del cedente a un tercero, quien entra en su lugar y pasa a ocupar su situación jurídica en aquél”[6]. De modo que “se opera la transmisión global o conjunta de toda relación obligacional, comprensiva a la vez tanto de los derechos, como de los débitos con todas sus implicaciones propias” [7].

Para que se configure la transmisión de la posición contractual, es menester la existencia de otro contrato: el de cesión; el cual implica la transmisión del contrato cedido, para cuyo perfeccionamiento en orden a la producción de sus efectos traslativos, resulta imprescindible la aceptación de las partes contratantes. Es decir que el presupuesto de validez del contrato de cesión, requiere del concurso del cedente (quien transfiere su posición contractual), y del cesionario (tercero que pretende ingresar a la relación contractual). Tales requisitos son independientes a la posterior intervención del vendedor, quién podrá o no reconocer al nuevo titular del contrato, su calidad de cesionario.

Este Boleto de compraventa, hasta entonces con obligaciones pendientes, concluye una vez operada la trasmisión dominial a través de la firma de la correspondiente escritura de compraventa y entrega de la posesión,  para cuya concreción es menester el concurso del vendedor del inmueble, de lo contrario el primer convenio será estéril.

Es decir que al momento de celebrarse la escritura traslativa de dominio, por parte del vendedor y el cesionario del boleto, éste último es “reconocido” por el titular dominial como “titular” de los derechos y obligaciones emergentes del contrato originario. Tal reconocimiento puede ser expreso, si es que el vendedor ha prestado conformidad al momento de celebrarse la cesión (o posteriormente), o bien tacito, si es que el vendedor otorga sin mas, la escritura traslativa teniendo al cesionario como titular del derecho, consolidando así la existencia y cumplimiento del contrato originario y su posterior cesión.

Si el cesionario se viera perjudicado por la cesión de derechos ya resueltosle cabe accionar en contra del cedente, ya que garantiza al primero por la existencia y validez de la posición contractual transmitida, y por el cumplimiento de las obligaciones del contrato básico.[8]

El vendedor del inmueble no podrá objetar la cesión por haber sido prohibida, sin demostrar que de la cesión se ha derivado un perjuicio, situación que será muy difícil de darse en la realidad negocial, ya que en lo patrimonial subsisten las obligaciones del deudor primitivo que no ha sido liberado, con el agregado de las tomadas a su cargo por el nuevo deudor.[9]

Sin conformidad expresa del vendedor no se desobliga al cedente. Para ello se requiere la declaración expresa de la voluntad del acreedor de exonerar al deudor primitivo de acuerdo al artículo 814 del Código Civil. Por lo tanto aunque se le notifique de la cesión del boleto, sigue teniendo la posibilidad de ejecutar por el saldo adeudado al primitivo comprador. Pero dicha circunstancia queda superada, si el vendedor otorgara la escritura traslativa de dominio a favor del cesionario, por aceptar tácitamente su calidad de nuevo adquirente.

 

Forma del contrato de cesión de boleto:

La  forma  es el conjunto de solemnidades exigidas por la ley para la formación del contrato. Llambías y Alterini,[10] sostienen que todos  los  actos  jurídicos tienen una forma, pues ella constituye, básicamente, el medio por el cual las  partes  manifiestan  su voluntad. En este sentido se habla de una forma esencial,  que  se  define como la manera cómo se exterioriza la voluntad  del  sujeto  respecto  del objeto en orden a la consecución del fin jurídico propuesto.  Distinto  es el concepto de la forma legal  que  brinda  el  art.  973  del  Cód.Civil, conforme el cual, la forma es el conjunto de las prescripciones de la ley, respecto de  las  solemnidades  que  deben  observarse  al  tiempo  de  la formación del acto jurídico.

La forma “ad solemnitatem” es esencial para la  validez de determinados actos, por ejemplo la donación de bienes inmuebles, que requiere, bajo pena de nulidad, ser realizada por escritura pública, otro ejemplo es la renta vitalicia.-

La forma “ad  probationem” en cambio, es exigida a los fines de la prueba, por ejemplo el caso de aquellos contratos que tengan por objeto una suma de más de diez mil pesos, que deben hacerse por escrito y no pueden probarse por testigos (art. 1193).

Forma y prueba son conceptos inconfundibles, mientras la forma es el elemento   externo  del  acto  jurídico,  la  prueba  es  el  medio, por el cual se demuestra la verdad del hecho de haberse efectuado dicho acto jurídico. Ahora bien, cuando la prueba se exterioriza mediante un documento, este es elemento externo o forma y a su vez medio de prueba.-

Tanto la celebración del Boleto de Compraventa como su cesión están subsumidos dentro de la categoría jurídica “ad  probationem”, es decir a los fines de la prueba del contrato, siendo en este caso y conforme al artículo 1193 referido, el requisito suficiente a los efectos de probar su existencia. Esta cesión, conforme la forma impuesta por ley, debe hacerse por escrito, bajo pena de nulidad.

 

CONCLUSION CONSULTA II:

Conforme lo desarrollado en el punto anterior del presente, podemos concluir en esta consulta, que habiéndose acreditado los extremos enumerados, (como presupuestos básicos de interpretación) y teniendo en cuenta la existencia de un boleto de compraventa y su posterior cesión, ambos por escrito y suscriptos por las partes, se puede inferir que se han cumplido en dichos contratos, los requisitos de forma impuestos  por la ley.

Consideramos entonces, que no es objetable la existencia de una cesión firmada por el comprador originario y su cesionario, mas aún si ha quedado concluido el contrato definitivo a través del otorgamiento de la posterior escritura traslativa de dominio, en donde el vendedor ha reconocido al nuevo titular, como cesionario de los derechos emergentes de dicho instrumento inicial, cumpliendo así con los presupuestos de legitimidad indicados por la norma.

La falta de certificación de firmas en el contrato de cesión, no hace presuponer por si misma, una razón jurídica suficiente para objetar la transacción ya concluida entre las partes.

El conflicto que alega el escribano P, por la posible falsedad de firmas, ante un eventual reclamo del comprador originario, quedará en la órbita contractual del cedente y cesionario y eventualmente del vendedor si este ha sido de mala fé. Pero tales supuestos no pueden en ningún modo objetar la validez del título.

DOCTRINA HECHOS I

- “No existe un requisito legal que impida a los herederos recibir y disponer, de los bienes del sucesorio. El heredero entra en posesión de la herencia desde el día de la muerte del autor de la sucesión, sin ninguna formalidad previa conforme el artículo 3410 del código Civil. Si al causante del sucesorio se le debía la transmisión de un inmueble, pueden concurrir a la escritura legítimamente en su lugar los herederos, sin más trámite ni intervención judicial alguna.”

“No obstante lo afirmado en el párrafo anterior, el artículo 3410 debe interpretarse en forma regular y en sintonía con aquellos artículos que defienden los derechos de los co-herederos y terceros, que pueden verse afectados por el obrar abusivo de esa disposición legal.  Por tal circunstancia, y a la hora de trasmitir bienes a herederos que los exijan, debe procederse con cierta cautela. Tal recomendación surge de la protección legal que los códigos de fondo y de forma otorgan a la conservación de los bienes integrantes de la masa hereditaria, por lo que es aconsejable y según lo amerite el caso, analizar si en el expediente existe inventario, y si no se ha dictado ninguna medida cautelar que impida a los herederos disponer o recibir bienes.”

“Este análisis del sucesorio, le permitirá tanto al escribano interviniente como a los obligados a trasmitir el inmueble, considerar razonablemente si no existe un perjuicio a acreedores y/o herederos y evitar así, posteriores reclamos o imputaciones de responsabilidad.”


Ezequiel CABULI



[1] Titulo: Medidas de seguridad en protección de la masa hereditaria Autor: Solari, Néstor E.

Publicado en: LA LEY 2008-D, 473

[3] Idem Nota 1

[4] idem nota 1

[5] Conf. ALTERINI, Atilio A., “Contratos, civiles, comerciales, de consumo”, N° 2, capítulo XX, p. 467, Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1998.

[6] Conf. conclusiones del Segundo Encuentro de Abogados Civilistas, celebrado en Santa Fe, entre los días 20 de junio y 2 de julio de 1988, tema tratado por la Comisión N° 3. Ver la completa reseña de lo allí tratado efectuada por TRIGO REPRESAS, Félix A., publicada en LA LEY, 1988-E, 884 y siguientes

[7] TRIGO REPRESAS, Félix A., ob. cit., loc. cit., p. 886.

[8] “De la cesión de créditos y de deudas a la transmisión de la posición contractual” Santarelli, Fulvio Germán LA LEY 2000-E, 427-LLNOA 2000, 1017-Colección de Análisis Jurisprudencial Obligaciones Civiles y Comerciales – Director: Dora M. Gesualdi – Editorial LA LEY 2003, 128

[9] Natalio Pedro Etchegaray. Técnica y práctica documental. Boleto de Compraventa Ed. Astrea Pag. 219

[10] Llambías y Alterini, Código civil Comentado,  tomo  III-A,  pag 1182

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